La nueva Ley Hipotecaria no acaba de llegar. El Gobierno continúa sin transponer la normativa europea a la legislación nacional, arriesgándose a una dura sanción de 105.991 euros diarios por parte de la Comisión Europea por cada día de retraso en su aprobación. Este importe, según el Ejecutivo comunitario, se ha fijado tomando como referencia “la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago”.
El 21 de marzo de 2016 finalizó el plazo dado por Bruselas para su puesta en marcha y no fue hasta el día 3 de noviembre cuando el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que ahora debe superar los trámites parlamentarios para ser definitivamente aprobada. La razón esgrimida por el Gobierno para justificar este retraso ha sido su largo periodo en funciones durante 2016 y, en última instancia, el “procés” catalán.
Durante estos últimos días, los grupos parlamentarios ultiman sus enmiendas a la reforma y tienen de plazo hasta el 5 de diciembre para modificar el proyecto, que cuenta con apoyos mayoritarios gracias a la posición favorable de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria.
Defensa del consumidor
La transposición de la directiva europea sobre contratos de crédito hipotecario dotaría de mayor protección a los firmantes de hipotecas, lo que aliviaría la situación de muchas familias en apuros económicos, ya que, entre otros aspectos, está concebida para favorecer la transparencia, proteger al consumidor y para que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan garantizados los mismos niveles de protección jurídica en el mercado hipotecario.
En definitiva, la nueva ley protegerá al cliente de prácticas abusivas por parte de los bancos, pero éste siempre tendrá la responsabilidad de entender lo que está firmando.